Las ocupaciones han bajado un 10% desde el 2016, según un análisis del Institut Cerdá

La ocupación ilegal alcanza a unas 78.800 viviendas en el  conjunto de España, un 10% menos que en el 2016, según el análisis realizado por rl Institut  Cerdá. A pesar del descenso, esta fundación privada, que ayer presentó los resultados de su estudio en la sede del Col·legi  d´Economistes de Catalunya en Barcelona, considera que el fenómeno se ha cronificado, a la vez que alerta  del incremento de la denominada "inquiocupación" , es decir las personas que firman un contrato de alquiler y abonan las primeras mensualidades, pero que transcurridos unos pocos meses dejan de pagar  y permanecen en la propiedad.

La radiografía del Institut Cerdá juzga que la reducción de ocupaciones desde el 2016, cuando realizó en primer informe, se debe a que hay menos edificios vacíos, a que tanto los operadores públicos como los privados han mejorado la gestión de sus parques de viviendas poniendo en marcha medidas preventivas, como sistemas de vigilancia y de seguridad, y por el impacto que generan los desalojos cautelares.

Habitat3, gestora de alquiler social, sufre la usurpación de 16 de sus viviendas en Catalunya

Este descenso de ocupaciones coincide con la reducción de denuncias presentadas en el 2022 ante los cuerpos policiales por los delitos de usurpación y allanamiento de morada.

Otros datos que ha verificado la investigación del Institut Cerdá son que la mayoría de ocupaciones, entre 75% y el 80%, se concentran en inmuebles  de grandes tenedores, principalmente entidades financieras y fondos de inversión, y que detectan más casos de personas que instalan su hogar en plantas bajas de edificios, como oficinas bancarias que llevan tiempo cerradas.

El Institut Cerdá alerta de la " inquiocupación", el arrendatarios que deja de pagar pero que no marcha del piso

Los autores también hacen referencia " al incremento de la percepción de ocupación de viviendas de parque público y de entidades de economía social o cooperativas como la manera de acceso más efectiva a un alquiler social, saltándose las vías oficiales y sin apenas riesgo, a pesar del agravio comparativo que supone para otras personas en situación de vulnerabilidad y en lista de espera para acceder a las mismas". Cabe recordar que el año  pasado la gestoría Habitat3 ya denunció públicamente esta situación; no es vano, por cada inmueble ocupado debe gastar hasta 30.000 euros para reparar los desperfectos ocasionados y para  satisfacer el pago de los suministros, del alquiler o de la hipoteca. A esta factura se suma el  cote de instalar alarmas y puertas antiocupas  para proteger, en la medida de lo posible, las casas durante el breve periodo de tiempo están vacías.

Xavier Mauri, director de Habitat3, manifestaba ayer que 16 de los 950 pisos que gestionan en Catalunya están ocupados ilícitamente  y que, en los últimos meses, han sufrido siete nuevos intentos de usurpación de sus inmuebles. El último se produjo esta misma semana, el pasado martes, en el barrio de la Trinitat Vella de Barcelona. Mauri mostró su desazón por esta situación pues estar pendiente de que nadie entre en las viviendas destinadas a familias vulnerables " nos quita mucho tiempo y recursos y nos genera mucho estrés". Por otro lado, manifiesta que no es su voluntad " culpabilizar ni estigmatizar a nadie", pues algunos son ciudadanos en riesgo de pobreza o exclusión social sin recursos para acceder a un hogar.

El estudio alude "la sensación generalizada de que ocupar prácticamente no comporta riesgos"

Respecto al perfil de los ocupas, el análisis hace referencia a " la evolución del protagonismo de las familias vulnerables que son desahuciadas a situaciones más heterogéneas", entre las que cita la acción de " mafias y grupos organizados que vigilan los movimientos en los parques de viviendas de determinadas zonas". También se subraya "la sensación generalizada de ocupar prácticamente no comporta riesgos" y se advierte que " la polarización del debate y la utilización política perjudican la gestión del fenómeno, en ocasiones hasta el punto de no acometer ninguna actuación".

Atendiendo a las cifras difundidas por la fundación que preside Salvador Alemany, cerca del 0,30% de los 26,6 millones de viviendas que hay en España estarían ocupadas. La estimación de 78.800 casas en dicha situación es fruto de la recopilación de estadísticas de las administraciones, de los datos aportados por grandes tenedores y de entrevistas realizadas a ayuntamientos y propietarios, indicaron fuentes del Institut Cerdá.

Fuente: www.lavanguardia.com